La política, clave para impedir el gerenciamiento

Según cuenta la historia oficial, el 30 de noviembre de 2000, los aledaños del estadio Pedro Bidegain fueron epicentro de un hito sin precedentes en la memoria del pueblo futbolero organizado. El relato asegura que centenares de sanlorencistas, en un marco de autoorganización y espontaneidad, lograron torcerle el brazo a Fernando Miele, y su intento de entregarle la explotación de la imagen a la empresa ISL. Sin la ayuda de políticos, ni de medios de comunicación. 

La narración de aquellos hechos suele tener un contenido épico, cargado de heroísmo y misticismo. La comunidad sanlorencista rescatando los valores y las tradiciones más nobles de la experiencia popular en nuestro país. Sin embargo, la realidad indica que la clave para que la institución no pasara a manos privadas consistió en la imprescindible actuación de algunas organizaciones políticas internas. Sin ellas, los destinos de San Lorenzo se hubiesen digitado desde Zurich, ciudad sede de la firma, perdiendo de vista la voluntad electoral de los asociados que cada tres años eligen a sus autoridades.

El rol de los directivos por minoría pertenecientes a la agrupación San Lorenzo Para Todos (SLPT) fue vital desde un comienzo. Los fuertes controles de los actos de gobierno ejercidos por Jorge Aldrey y Alberto Barilari constituyeron las primeras bofetadas a la, hasta ese momento, sólida estructura de poder de Fernando Miele. De no haber existido una oposición tenaz y un foco interno de resistencia en el propio oficialismo, pocos hubiesen advertido de antemano el fantasma privatista que se avecinaba. 

También fue importante el aporte hecho por el Movimiento de Reconstrucción Sanlorencista, en particular por el cuarteto conformado por Carlos Datria, Juan Carlos Témez, Héctor Viesca y Miguel Matas, y de sectores disidentes del mielismo encabezados, pese a su dubitativa posición inicial, por el entonces Asambleísta y ex Vicepresidente, Néstor Dafinotti. 

Uno de los pasos más importantes dados por los tres sectores partidarios fue la gestación de una suerte de Comité Anti-ISL integrado, también, por independientes y espacios apolíticos. El estado de asamblea permanente que se vivía por esos días, tenía su correlato en los bares y confiterías más importantes de Boedo, además de las sedes de Reconstrucción y SLPT. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, entre cincuenta y cien socios se reunían diariamente para delinear los pasos a seguir, y trazar una estrategia a futuro. La mesa chica del improvisado espacio la conformaban, entre otros, Aldrey, Barilari, el abogado Carlos D’alessandro y el Asambleísta, Néstor González, por SLPT, Datria, Viesca, Matas, Témez y Rafael Savino por Reconstrucción, y Dafinotti, el ex Tesorero, Pascual Paladino, y el ex Vicepresidente, Julio Lopardo, por la línea opositora del mismísimo mielismo. 

Ya desde los primeros encuentros surgió la intención de coordinar un plan de lucha, haciendo hincapié en el terreno político, el judicial y en la organización de manifestaciones de protesta. Los tres ejes fueron de la mano, más allá de ciertas diferencias metodológicas y conceptuales, y de algunos celos de protagonismo entre las agrupaciones. 

El conflicto llegó hasta las oficinas del mismísimo Congreso de la Nación. Daniel Scioli, en ese momento titular de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, en compañía de un grupo de legisladores, recibió la presencia de Fernando Miele, que, acompañado por un grupo de directivos y socios caracterizados de su agrupación, expuso su particular mirada del convenio. Entre quienes lo escucharon atentamente, y se encargaron de refutar sus afirmaciones estuvieron el actual Vocal, Miguel Matas, Aldrey, Barilari y Jorge Romano, ex periodista partidario, y candidato a Vicepresidente por SLPT en los comicios de 2001. 

Uno de los aliados más importantes con los que contó el movimiento anti-ISL fueron algunos comunicadores y medios periodísticos. Víctor Hugo Morales, desde su programa “Competencia”, y Ernesto Cherquis Bialo, al frente de “La Oral Deportiva”, adoptaron una postura contraria al objetivo privatista. También desde determinados medios vinculados al Grupo Clarín, enemistados con el ex Presidente por razones ajenas a las convicciones y los ideales, se le concedió un importante espacio a las denuncias que hablaban de “gerenciamiento encubierto”.

En el plano de las movilizaciones, solo la primera marcha, convocada frente a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reunió a una importante cantidad de independientes. No obstante, el grupo que ingresó al edificio para reunirse con Julio Grondona estuvo compuesto por referentes de agrupaciones internas, como era el caso de Barilari, Aldrey, Datria, Dafinotti y Savino.

Ya en la posterior concentración en la calle Viamonte, y en algunas citadas en la mismísima Ciudad Deportiva, la convocatoria mermó considerablemente, y no naufragó por la capacidad organizativa exhibida por los sectores políticos.

En la recordada jornada del 30 de noviembre de 2000, solo cerca de cuatrocientos cuervos fueron a presionar para que la Asamblea de Representantes no aprobara el acuerdo con la empresa ISL. Una cifra más que reducida, teniendo en cuenta que se jugaba el futuro de San Lorenzo de Almagro. Nuevamente, fue la oposición la que acercó a sus adherentes y seguidores. 

Al mismo tiempo, en el gimnasio contiguo al vestuario local un pequeño grupo de asambleístas de SLPT, liderados por los vocales Aldrey y Barilari, lograron que su estrategia llegara a buen puerto. La extensa duración de sus exposiciones y las objeciones realizadas a los planteos de los exponentes del mielismo, contribuyeron a que el clima se exasperara, obligando al ex Presidente a disponer que se votara a mano alzada, en lugar de hacerlo de manera nominal. En medio del clima de griterío y ebullición, la confusión fue tal, que los votos no pudieron contabilizarse de forma apropiada. 

Por esa razón, los directivos de SLPT impulsaron a Néstor González, Asambleísta de su sector, a que promoviera una presentación judicial solicitando la impugnación de lo resuelto por la Asamblea. En base a las pruebas concedidas y el informe de los inspectores de la Inspección General de Justicia presentes en el recinto, la jueza en lo Civil, Silvia Caviglia, dictó una medida de no innovar, dejando sin efecto la decisión adoptada el 30 de noviembre. Luego la encargada de impartir justicia ratificó su decisión, después de que Miele apelara el fallo.

Políticamente rodeado, el ex socio de la entidad llamó a otra Asamblea para un día hábil del mes de enero en horas de la tarde. La movida buscaba neutralizar una nueva convocatoria sobre Perito Moreno. El objetivo fue conseguido. Apenas medio centenar de cuervos dijeron presentes. En el cónclave se pudo aprobar el contrato, pero la medida de no innovar dispuesta por la jueza volvió a hacer caer la decisión adoptada durante la sesión. Entre tantas idas y venidas, y el consiguiente desprestigio para la empresa, el interés de ISL en gerenciar San Lorenzo ya no fue el mismo. Al poco tiempo, la multinacional se presentó en quiebra echando definitivamente por tierra la posibilidad de que se pudiese firmar el acuerdo.

El extenso proceso que determinó  que San Lorenzo mantuviera el modelo de Asociación Civil no comenzó, ni terminó el 30 de noviembre. Tampoco se agotó en las marchas frente a la AFA y el predio de Perito Moreno y Varela. Mucho menos fue protagonizado por hinchas anónimos, espontáneos y autoconvocados. En el rol de las agrupaciones políticas estuvo la clave. No solo para el futuro azulgrana, sino también para el resto del fútbol argentino. Sin ir más lejos, Boca Juniors, bajo la presidencia del actual jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, también contó entre sus planes concederle la explotación de su imagen a ISL, de lo que desistieron, tras tomar nota de la resistencia que la iniciativa tuvo en Boedo. 

¿Quiénes ganan cuando se deslegitima la política? 

Omitir la importancia de la política en los asuntos institucionales más trascendentes de los últimos veinte años es una constante en San Lorenzo de Almagro. Hasta existen los que niegan la preponderancia de Fernando Miele en la construcción del estadio, y le atribuyen el mérito exclusivamente a los hinchas, obviando a quien fuera la cabeza visible de la causa. 

En la actual coyuntura institucional, negar y defenestrar la actividad política es hacerle el juego a quienes anhelan la existencia de listas únicas, y promocionan las falsas unidades que solo servirán para conservar el modelo vigente. Ingresar en el terreno del discurso de la anti-política, muchas veces expresado por quienes pretenden exhibirse como lo nuevo, es recorrer un sendero peligroso. Habitualmente, los distintos oficialismos apelan a la descalificación de sus detractores acusándolos de hacer política, como si se tratara de un delito. ¿O acaso quienes ostentan el poder, en un Club o en cualquier otro ámbito, no hacen política utilizando, incluso, los resortes institucionales que otorga el manejo, en este caso, de una entidad deportiva?

El reconocimiento a los sectores partidarios en los sucesos del año 2000, no invalida los cuestionamientos que puedan hacérsele por sus errores en el presente y también en el pasado. Solo busca reconocer en la política, la herramienta más eficaz y capaz de modificar realidades. En San Lorenzo de Almagro, se puede recurrir a más de un antecedente de ello. El imprescindible rol de las agrupaciones en la resistencia a ISL sea, quizás, el mejor ejemplo.